Un hombre de 66 años fue enviado a la cárcel tras ser señalado de robar y abusar sexualmente de perros en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en un caso que desató indignación y que hoy marca un precedente en la lucha contra el maltrato animal en Colombia. La captura se logró gracias a la alerta de vecinos que lo siguieron hasta su vivienda, donde las autoridades hallaron varios animales sustraídos, entre ellos Keila, una perra que aún recibe atención veterinaria por las graves lesiones que sufrió. Las pruebas entregadas por la Fiscalía —imágenes, testimonios y reportes médicos— fueron suficientes para que el juez dictara medida de aseguramiento en su contra, evitando que, como ocurrió semanas atrás, regresara a las calles en menos de 48 horas.
La noticia provocó un debate nacional sobre los vacíos legales en torno a la protección animal, pues en Colombia el abuso sexual de animales no está tipificado como delito independiente, sino como un agravante dentro del maltrato animal. Activistas y comunidades denunciaron durante años que este tipo de actos quedaban en la impunidad. La senadora Andrea Padilla celebró la decisión judicial y destacó la importancia de la “Ley Ángel”, que permitió endurecer las sanciones, asegurando que sin esta norma, casos como el de Ciudad Bolívar habrían quedado prácticamente sin castigo. La presión ciudadana, unida a la acción coordinada de la Fiscalía y la Policía, resultó clave para que esta vez se impusiera una medida contundente.
El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación, en la que se siguen recaudando testimonios y pruebas veterinarias. Pero más allá del proceso puntual, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la crudeza del maltrato animal en el país: solo en 2023 se reportaron más de mil casos investigados, desde el incendio que mató a decenas de gatos en Santa Marta hasta perros abandonados en condiciones extremas en Cundinamarca. Casos como el de Ciudad Bolívar revelan no solo la brutalidad de ciertos delitos, sino también la urgencia de cerrar los vacíos legales y garantizar que la crueldad animal no quede impune en Colombia.
