Singapur ha introducido nuevas directrices que permiten a las escuelas utilizar el castigo físico con vara (“caning”) como último recurso para estudiantes varones de nueve años en adelante que participen en actos de acoso, incluyendo el ciberacoso. Esta medida disciplinaria está estrictamente regulada y limitada a un máximo de tres golpes por sesión. La administración del castigo solo puede ser ejecutada por profesores debidamente autorizados y requiere la aprobación previa y explícita del director de la institución educativa.
La introducción de estas directrices ha generado una respuesta inmediata por parte de entidades internacionales que velan por los derechos de la infancia. Organizaciones globales, incluyendo UNICEF, han manifestado su oposición a este tipo de castigos corporales, argumentando que representan riesgos significativos para la salud física y mental de los menores. Estos organismos instan a las autoridades a buscar métodos de disciplina alternativos que no comprometan la integridad de los estudiantes ni su desarrollo emocional a largo plazo.
El debate sobre la efectividad y la ética de estas medidas se mantiene activo en la esfera pública y educativa. Mientras las autoridades locales defienden la medida como un correctivo severo para mantener el orden y la seguridad en las aulas frente al incremento del acoso, los defensores de los derechos humanos califican estos métodos como anacrónicos. La implementación de esta normativa pone a Singapur en el centro de una discusión global sobre los límites de la autoridad escolar y el bienestar estudiantil en el siglo XXI.
