Italia ha dado un paso controvertido en su política de seguridad al abrir la puerta a la castración química para violadores y pedófilos. La Cámara Baja del Parlamento aprobó la creación de un comité encargado de estudiar una posible ley que permita aplicar tratamientos hormonales bloqueadores de andrógenos a delincuentes sexuales violentos. El proyecto establece que la medida debe ser reversible, voluntaria y destinada a reducir el riesgo de reincidencia, en línea con la estrategia de la primera ministra Giorgia Meloni de mostrarse firme en temas de orden público desde su llegada al poder en 2022.
La propuesta fue impulsada por la Liga, partido de ultraderecha dentro de la coalición de gobierno, que ha convertido esta medida en una de sus banderas políticas. Según sus planteamientos, los condenados podrían acceder a sentencias reducidas o suspendidas a cambio de aceptar el tratamiento. El líder del partido, Matteo Salvini, celebró la iniciativa como una victoria en la “lucha por la justicia y la tolerancia cero con violadores y pedófilos”. Sin embargo, la moción ha generado fuertes críticas desde la oposición, que la califica de inconstitucional y contraria a los principios del sistema legal moderno.
Más allá del debate político, la castración química divide a la opinión pública y a los expertos. Si bien algunos países como Rusia, Polonia y ciertos estados de EE. UU. ya contemplan esta medida, persisten dudas sobre su eficacia real y sobre los efectos secundarios que puede tener en la salud física y mental de quienes la reciben. Además, grupos feministas sostienen que los delitos sexuales no se explican únicamente por impulsos biológicos, sino por factores culturales y sociales que deben abordarse de raíz. En este contexto, Italia se enfrenta a una discusión de fondo: hasta qué punto la búsqueda de seguridad justifica recurrir a medidas tan extremas.
